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El Gobierno de Mariano Rajoy va a seguir construyendo carreteras de pago a pesar de la quiebra de la mayoría de las grandes autopistas del Estado. Según consta en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI 2012-2024), durante este período se licitará la Radial 1 (R-1) y un nuevo tramo de la AP-41. Además, dará facilidades para sobrevivir a las antiguas concesiones y mejorará las condiciones de las nuevas para evitar que también lleguen a una situación límite.

En primer lugar, el Ministerio de Fomento va a dar luz verde a la R-1 entre la circunvalación M-40 y la localidad segoviana de Santo Tomé del Puerto con un total de 90 kilómetros. Esta es una vieja reivindicación de Esperanza Aguirre, cuyo Ejecutivo redactó en su día un proyecto menos ambicioso (25 kilómetros, desde la M-12 hasta El Molar, aún en Madrid) que no se ha llevado a cabo.

La segunda apuesta no es en sí un nuevo trazado, sino la prolongación de la AP-41 desde Toledo hasta Córdoba pasando por Ciudad Real. Un trazado de unos 300 kilómetros que reduciría en aproximadamente 70 la distancia actual entre ambos puntos.

Las expropiaciones, fuera del juzgado

Para facilitar su construcción (literalmente, para hacer estos proyectos "más atractivos al capital privado"), el Ministerio dará facilidades a las futuras concesionarias, tales como la introducción en los contratos de cláusulas flexibles en función de las condiciones económicas del mercado.

La reforma más importante, sin embargo, será que los conflictos sobre las expropiaciones de suelo a particulares necesarias para hacer las autovías ya no se dirimirán en los tribunales, sino mediante la imposición de un sistema de arbitraje al que las partes deberán someterse. La elevación por parte de la Justicia de estas indemnizaciones fue lo que llevó a la quiebra a las autovías ya existentes.

El Ejecutivo busca con estos cambios que las nuevas autopistas no acaben como las actuales y que las empresas que las construyan y gestionen no corran tantos riesgos. Además, también ultima cambios para sostener a las concesionarias en peligro.

Una inversión ruinosa

Hoy, la autopista AP-41 (Madrid-Toledo) se encuentra en quiebra. Las radiales R-3 (Madrid-Arganda), R-4 (Madrid-Ocaña) y R-5 (Madrid-Navalcarnero) se han declarado en preconcurso de acreedores —el paso previo, al igual que la carretera de peaje Cartagena-Vera (entre Murcia y Almería), con deudas de entre 380 y 600 millones de euros. La M-12 (Eje Aeropuerto de Barajas, en Madrid) también está en riesgo.

Sus propietarias son las principales empresas constructoras del país y contratistas del Estado (Abertis, Sacyr, ACS, OHL) y bancos como Caja Madrid, Caja Castilla-La Mancha o la CAM. Todas fueron impulsadas durante las dos legislaturas de José María Aznar como presidente del Gobierno. Sin embargo, nunca han alcanzado el tráfico esperado y siempre han estado en pérdidas. Según cifras oficiales, han perdido un 48% de viajeros desde 2008 y hoy no funcionan ni al 20% de su capacidad.

Según datos oficiales, las inversoras pusieron 5.601 millones de euros para poner las autopistas en marcha. Ahora sus deudas con los bancos rondan los 3.000 millones. Con el plazo de pago ya vencido, las entidades han consentido en aplazar el cobro hasta final de este año a la espera de que el Gobierno facilite un plan de viabilidad, a pesar de que no ha dejado de entregarles darles dinero desde 2009.

Ese año, el entonces ministro José Blanco cifró en 1.320 millones las necesidades de las empresas de las radiales. Desde entonces, el Gobierno les ha facilitado préstamos participativos por valor de 200 millones en 2010 y 135 millones en 2011. El Gobierno y las concesionarias subieron el precio de los peajes consecutivamente para tratar de reconducir la situación.

Fomento ha incluido una partida de otros 200 millones para 2013, aunque las constructoras denuncian que las ayudas de 2012 (289 millones) no se han entregado en su totalidad. Pero el salvavidas al negocio de las radiales dispuesto por el Ejecutivo de Rajoy no se queda ahí.

Medidas de rescate

Después de descartar poner peajes en las autovías y nacionalizar las autopistas, la ministra Ana Pastor se ha arremangado y ha decidido ampliar y prolongar en el tiempo las compensaciones económicas que da a las concesionarias por la caída del tráfico. Su número de usuarios está en caída libre por la mejora de las autovías públicas y la crisis .

Pastor también ha anunciado que Fomento contempla ampliar los plazos concesiones (que oscilan entre los 20 y los 35 años por norma), fusionar empresas en quiebra y permitir la entrada de inversores extranjeros.

La ministra se reunirá con las constructoras en los próximos días para abordar sus sostenibilidad y los resultados de la renegociación con los bancos acreedores.