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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hacía público el pasado día 19 un documento con una propuesta inicial para reducir los actuales partidos judiciales a la mitad, lo que en la provincia conllevaría la eliminación de los juzgados de Cuéllar, Santa María la Real de Nieva y Sepúlveda.

El próximo jueves, 3 de mayo, el pleno del Consejo prevé aprobar el nuevo mapa judicial para trasladárselo al Ministerio de Justicia, aunque previamente se remitirá un borrador a los órganos de gobierno de los tribunales superiores de justicia para que hagan sugerencias.

Entre los criterios básicos del citado documento inicial, el principal que puede llevar a adoptar la drástica medida de eliminar los juzgados segovianos situados en pueblos es que la circunscripción resultante de la reforma tenga una población superior a los 100.000 habitantes y que el desplazamiento desde los núcleos de población hasta la cabecera no exceda de una hora.

La noticia ha causado sorpresa en la provincia, especialmente en las localidades donde tienen su sede los órganos que pueden desaparecer. El alcalde de Cuéllar, Jesús García, ha declinado hacer declaraciones sobre este tema, argumentando que desconoce el alcance de la propuesta y que la información publicada “todavía no está clara”. Prudente se ha mostrado también el alcalde de Santa María la Real de Nieva, Jaime Pérez, quien indica que la supresión de juzgados concretos “está únicamente en boca de los medios de comunicación” y añade que, “en conversación telefónica con un diputado nacional, me ha asegurado que ni siquiera está aprobado todavía por el Consejo General del Poder Judicial, lo que ha salido a la luz es un informe elaborado por uno de los vocales”.

Por su parte, el alcalde de

Sepúlveda

, Francisco Notario, recordó que es un tema del que “lleva hablándose muchísimos años sin que al final se haya llevado a cabo” aunque reconocía que para los habitantes de la zona sería perjudicial si finalmente se aprueba.

El Poder Judicial ha explicado que el objetivo es “abrir un debate”, ya que sus integrantes consideran que el actual diseño territorial “no responde a la realidad de una sociedad en constante y profunda transformación”. De hecho, apuntan que ha habido cambios importantes en cuanto a población, desarrollo de las comunicaciones, medios de transporte, tecnologías de la información y de la comunicación, la forma de tramitar los procedimientos judiciales, etc. Todo ello ha motivado, a juicio del CGPJ, “serios desfases entre la estructura y organización territorial y las demandas y necesidades de la sociedad de hoy”.

A esto se suma la demanda, dentro del ámbito de la justicia, de servicios externos: gabinetes psico-sociales, puntos de encuentro familiar, servicios de atención al ciudadano, de atención a las víctimas, unidades de valoración de riesgo en casos de violencia de género, servicios de mediación civil y penal, unidades de Policía Judicial, etc. “que para ser operativos exige que su implantación permita dar servicio a varias unidades judiciales”, según sostienen. Otro aspecto a tener en cuenta es que la fusión de partidos judiciales permitirá la separación de jurisdicciones, cuestión que, por ejemplo, demandaba el decano del Colegio de Abogados de

Segovia

, Julio Sanz Orejudo desde las páginas de EL ADELANTADO hace dos semanas, abogando por la desaparición de los conocidos como juzgados mixtos, con competencias en materia civil y penal.

Precisamente Sanz Orejudo, aunque admite que es una tema polémico, explica que uno de los problemas de los juzgados ubicados en la provincia es que “nunca tienen la oficina judicial al completo”, lo que ha generado el “recelo” de los profesionales del Derecho, por las demoras y problemas que eso ocasiona.

El fiscal jefe de

Segovia

, Antonio Silva, cree que con los medios técnicos actuales la pervivencia de algunos juzgados puede ser discutible aunque en el caso de la provincia puntualiza, por ejemplo, que Cuéllar “tiene más entidad”. La publicación del documento del CGPJ ha generado reacciones en toda España, desde una oposición tajante en Medina del Campo o Béjar, por ejemplo, a la opinión de algunos jueces y magistrados que cuestionan la oportunidad de estos cambios en un momento de crisis económica, ya que la eliminación de juzgados en los pueblos exige la habilitación de instalaciones en la capital provincial.

En el caso de

Segovia

, sin embargo, de cumplirse las previsiones presupuestarias, la capital podría contar con un nuevo edificio de juzgados en el año 2015 ó 2016 y el proyecto arquitectónico está diseñado para albergar hasta 18 juzgados.