La Junta de Castilla y León ultima el documento de estrategia de desescalada para la Comunidad que va a remitir al Gobierno de España. Sostiene que la desescalada del confinamiento de la población debe hacerse, en nuestra Comunidad, sobre la base de los datos y la respectiva evolución que se registra en las zonas básicas de salud, al menos en lo referido al medio rural. En concreto, 26 zonas básicas de salud, que aglutinan una población –tarjetas sanitarias- que supera las 53.500 personas.
En estos momentos, existen 26 zonas básicas de salud de Castilla y León que cumplen el criterio de no haber registrado casos en los siete días anteriores, con una población conjunta de 53.509 habitantes (tarjetas sanitarias individuales). Y de ese total de 26, 13 zonas básicas de salud llevan contabilizadas ya dos semanas sin casos.
Ninguna zona básica de salud de
Segovia
cumple con los criterios para comenzar la fase 1 porque ninguna ha registrado cero casos en los últimos siete días.
Conviene precisar que la ausencia de casos en las 26 Zonas Básicas de Salud en la última semana se refiere tanto al diagnóstico de sospecha recogido en la historia clínica de Atención Primaria, como por confirmación por test de serología o prueba de PCR, en la última semana. Por tanto, todas estas Zonas Básicas son candidatas a su inclusión en la siguiente fase de desescalada, en caso de mantener esta situación de 0 casos a lo largo de la siguiente semana.
La Junta plantea que para los municipios que superen los 20.000 habitantes, la demarcación territorial sería el propio municipio o el área de salud, con segmentación sectorial y demográfica en función de la población de riesgo.
Principios claros: prudencia, reescalado, ámbito territorial y control de movilidad
Los principios básicos para la desescalada en Castilla y León en los que se sustenta la argumentación del Ejecutivo autonómico son: la prudencia, el reescalado, el ámbito territorial y el control de la movilidad. La propuesta que se va a remitir al Gobierno de España parte de una consideración y una apelación general a la prudencia, en tanto que no se pueden dar pasos en falso debido a que las capacidades sanitarias aún se encuentran en estado de saturación.
Algunos datos así lo acreditan: las camas de UVI están al 103 % de su dotación original y al 47 % de su dotación extendida; y la ocupación en planta está ya por debajo del 60 % de su capacidad original.
En el documento también se precisa que todas las medidas de desescalada podrán ser reversibles, en un plazo corto de tiempo, si la evolución no fuese la deseada. En este contexto, se considera esencial la atribución de competencias claras a las comunidades autónomas para adoptar medidas ágiles tanto de desescalada como de reescalada en caso necesario, sin menoscabo de la coordinación y revisión que se ejerza a nivel estatal. La Junta de Castilla y León incide en que no se pueden repetir errores y es necesario contar con un sistema de toma de decisiones lo suficientemente ágil y pegado al terreno para evitar demoras con consecuencias dramáticas como las ya conocidas, algo que resulta obligatorio dado el altísimo ritmo reproductivo de esta infección.
De un modo concreto, este Gobierno autonómico plantea valorar la necesidad de reescalado de algunas de las medidas, en función de circunstancias como el incremento del número de casos sospechosos y/o confirmados, en particular si existe sospecha de su transmisión comunitaria dentro de la zona básica de salud.
La Junta de Castilla y León también quiere precisar que los requisitos de camas que se solicitan no se corresponden con la realidad, dado que se exige una disponibilidad muy superior a las que se cuenta actualmente incluso extendidas, lo que impediría salir de la Fase 0.
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