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La radiografía de la provincia de

Segovia

para las elecciones municipales del próximo 22 de mayo arroja una disminución en el número de concejales que resultarán de los votos a consecuencia de las variaciones de la población registradas respecto a la que había hace cuatro años.

A ello se pueden sumar los que surjan de la aplicación de la nueva Ley Electoral que el Gobierno ha puesto en marcha y que incidirán en el modo de representación de los pueblos que utilizan el régimen de concejo abierto. Entre los municipios de la provincia que ganarán concejales a partir del 22-M se encuentran las localidades de Torrecaballeros, Valverde del Majano, Otero de Herreros y

Hontanares

de Eresma. Todos ellos superan el umbral de mil habitantes, de manera que de sus corporaciones de siete concejales pasarán a tener nueve.

En el lado opuesto se sitúa Fuentepelayo, que ha descendido del millar de empadronados, de modo que la futura Corporación será de siete ediles. También verán crecer sus corporaciones municipales las localidades de Martín Miguel, Ituero y Lama, y Matabuena, que han superado la barrera de los 250 habitantes y por tanto aumentan el número de representantes de cinco a siete. Además el hecho de traspasar este nivel demográfico les conllevará un cambio en el régimen de organización municipal.

Son más las localidades que experimentarán el proceso contrario, y pasarán de tener corporaciones de siete concejales que elegirán al alcalde, a corporaciones de cinco miembros y de los que saldrá, por designación directa, el alcalde. Se trata de los ayuntamientos de Arcones, Torrecilla del Pinar, Montejo de Arévalo, y Rapariegos.

En el nivel más bajo en cuanto a volumen de población se encuentran los pueblos que pasan de tener corporaciones de cinco concejales a concejo abierto. En estos últimos todos los vecinos pueden participar en los plenos. Entos casos, regidos por asambleas vecinales pueden ser los de Gallegos, Languilla, Ortigosa del Pestaño y Moral de Hornuez. Pero además se encuentran rozando la barrera del centenar de habitantes otros municipios como Caballar, Torreadrada, Urueñas, La Matilla, Rebollo o Valdeprados.

En total los cambios afectarán a unos veinte municipios de la provincia. Los más grandes mantienen el mismo volumen de representantes, como la capital, que conserva sus 25 concejales. El Espinar, Cuéllar y San Ildefonso eligen a trece. Y once políticos municipales forman las corporaciones de Palazuelos de Eresma, Cantalejo, La Lastrilla, Nava de la Asunción, San Cristóbal de

Segovia

, Carbonero el Mayor,

Riaza

y Coca.

Todas estas modificaciones no son definitivas todavía porque será la Oficina del Censo Electoral la que en los próximos días dictamine el número oficial que corresponde a cada municipio. Por el momento se desconoce la fecha que se tomará como referencia, si el 1 de enero, o el primero de febrero. Además se abrirá un plazo de alegaciones y de revisión padronal, tanto para los municipios como para los propios censados.

En todo caso, la nueva Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) otorga a los ayuntamientos de menos de cien habitantes la posibilidad de continuar con ese régimen especial de gobierno, pero también les faculta para crear un órgano de representación formado por tres miembros electos, como si fueran corporaciones de tres concejales. Asimismo, sus alcaldes podrán convocar a los vecinos a concejo abierto para decisiones de especial trascendencia para el municipio, pero en este caso deberán someterse obligatoriamente a lo que decida la asamblea vecinal. Según se explica en el preámbulo de la Ley, esta reforma pretende hacer "más eficaz" la gestión en estos pequeños municipios en los que la necesidad de aprobar los temas en la asamblea vecinal hace que en ocasiones sean poco operativos.

Carreras para hacer inauguraciones.- Los segovianos están asistiendo desde hace varios días a una especie de carrera por proceder a inauguraciones de obras públicas y el motivo no es otro que la próxima aplicación de la reforma de la legislación electoral. El nuevo texto prohíbe este tipo de actos desde la convocatoria de las elecciones hasta su celebración, de modo que no podrá tener lugar cualquier acto organizado que esté financiado por poderes públicos que contenga alusiones a realizaciones o logros obtenidos. De este modo se amplía el plazo en el que no podían hacerse estas ceremonias, hasta ahora sólo prohibidas durante las campañas electorales.

Respecto a los actos electorales, desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio de la campaña (el 9 de mayo) se prohíbe la publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales, inserciones de prensa, radio u otros medios digitales, sin que se puedan justificar esas acciones por las actividades ordinarias de los partidos. En materia de encuestas, hasta ahora se prohibía su publicación y difusión durante los cinco días anteriores a la votación, a lo que se ha añadido la prohibición de reproducirlas en los medios de comunicación en ese mismo periodo.